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La sociedad demanda a la institución pública de salud mental que se encargue tanto de la defensa del paciente como de la suya propia, en aras de asegurar la estabilidad social.
Estos objetivos van a configurar una dinámica institucional, dirigida al mantenimiento, alivio y curación sintomática del paciente, pero que implícitamente conllevan, como veremos más adelante, la negación de la realidad psíquica, por lo que entran en contradicción con el psicoanálisis, cuyo fin es el esclarecimiento de dicha realidad.
Como escribía Szasz (22), «la psiquiatría siempre ha servido intereses de familias, grupos o de la sociedad. Cuando los enfermos mentales eran desterrados a manicomios apartados, era una empresa de la comunidad; era lo que quería la comunidad, no los enfermos. Si hoy la sociedad es más escrupulosa y desea “cuidar” de ellos con más elegancia, persiste el hecho de que lo que prevalece en tales empresas psiquiátricas es la voluntad de la comunidad, no la del sujeto. Que hagan psicoanalistas esa clase de trabajo y pretendan estar sirviendo a las necesidades del paciente, sólo ha disimulado el problema, no lo ha resuelto».
Podríamos partir de que el buen funcionamiento institucional se asemeja a los brazos que acogen durante un breve tiempo, el de la enfermedad aguda, pero sin permitir que el objeto-institución aporte un significado a los síntomas del sujeto y con ello una reorganización y un cambio intrapsíquico.